Principalmente por motivo de deterioro de las edificaciones (casonas antiguas), en los últimos cuatro años han cerrado ocho centros penitenciarios, entre ellos los de Mocoa en el Putumayo y Zipaquirá en Cundinamarca. La cárcel de Zipaquirá funcionaba desde hace más de 60 años en una casa patrimonio del municipio y albergaba a más de 300 reclusos y en marzo de 2022 empezó el traslado gradual de sus detenidos.
En el caso de Mocoa, después de la avalancha de 2017 y por inconvenientes de seguridad, hasta el 2023 se habló de una nueva prisión en el lugar, pero los privados de la libertad se fueron trasladando a otros lugares y este año se anunció que la nueva prisión en el departamento se construirá proximamente.
Aunuqe en este informe se presentan principalmente los datos de la población intramural, es importante mencionar que para julio de 2024 según el informe de la Subdirección de Gestión de Información de Justicia, la PPL intramural (dentro de establecimiento de reclusión) es el 61% y la que se encuentra en prisión domiciliaria (en domicilio determinado por la autoridad) es el 35%, de está última también hay un grupo con vigilancia electrónica( asignadas por la autoridad competente) y control electrónico ( asignadas por el INPEC) que representa a penas el 4% en un total de 102.916 personas
Según la base de datos del INPEC para junio de 2024 de las 102.536 personas privadas de la libertad:
Quienes están en proceso de actualización es porque su caso pudo ser apelado y aún no se determina una sentencia de condena
La Población Privada de la Libertad en Colombia para junio de 2024 corresponde a:
Además, se hace una subdivisión de grupos con enfoque diferencial e interseccional como: madres gestantes, madres lactantes, extranjeros, indigenas, LGBTIQ+ y RoM que reciben atención social desde seis programas de orientación
Según la base de datos del INPEC la Población Privada de la Libertad intramural en Colombia para junio de 2024 está dividida en 11 rangos desde los 18 años (la mayoría de edad) en lapsos de cuatro años.
El mayor número de personas privadas de la libertad tiene entre 18 y 44 años.
El sistema judicial y penitenciario en Colombia tiene importantes retos frente a la sobrepoblación que deriva en hacinamiento y así mismo en la vulneración de derechos humanos. Por lo que además del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que administra el grueso de las prisiones, hay otras entidades no gubernamentales que enfocan su quehacer en trabajar para que las personas privadas de la libertad atraviesen el proceso aprendiendo un oficio, estudiando formalmente y capacitándose también en lo personal para reintegrarse de la mejor manera a la sociedad.
Haciendo frente al hacinamiento durante el primer trimestre de 2024 se trasladaron más de 6.200 internos por motivos de salud, seguridad, extradición o justamente por la premisa de descongestionar algunas prisiones.
Entidades no gubernamentales como la Confraternidad Carcelaria de Colombia que está presente en 22 regiones del país, visita con sus voluntarios los centros penitenciarios y trabaja con la PPL y sus familias en programas como: Árbol Sicomoro, JustIcia Restaurativa juvenil, la Peregrinación del Prisionero y la Travesía del Niño.
Para poder llevar a cabo el proceso de resocialización de los privados de la libertad condenados se debe realizar un diagnóstico individual a los PPL que se encuentren con sentencia ejecutoriada a través del proceso penal, verificación de documentos, entrevistas personales y familiares además de la observación de su comportamiento en general, a partir de ese estudio se busca poder indicar el tratamiento penitenciario requerido.
De acuerdo con los indicadores del INPEC publicados en su página en referencia a la proporción de la población en actividades de trabajo, estudio y enseñanza actualizada el 31 de julio de 2024, la mitad de la población carcelaria ocupa su tiempo principalmente en estudiar y trabajar.

Según el artículo 10 del Código Penitenciario y Carcelario en la Ley 65 de 1993 "El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario".
El plan de tratamiento es el conjunto de actividades desarrolladas en los establecimientos de reclusión para la consecución de la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad que permite observar los avances o retrocesos que presenta desde el inicio a su fin de una sentencia, al momento de intervenir cada uno de los profesionales, tomaran en cuenta la esfera bio-psico-social de la persona. Ese plan de actividades permite la organización de los tiempos y espacios en que cada persona privada de la libertad realizará sus actividades laborales, educativas, culturales, de protección a la salud, deportivas, personales y de justicia restaurativa.
Durante el desarrollo de esta investigación tuvimos la oportunidad de hablar con un algunos reclusos, un abogado del INPEC y con la representante de la Fundación 'Cárceles al Desnudo' para conocer la sitiación carcelaria desde sus puntos de vista en el contexto de su trabajo y situación particular.
Martín Villadiego tiene una condena de 21 años, ha estado en tres centros penitenciarios y hasta la fecha ha cumplido 12 años de prisión
Adolfo Cardona esta recluido en la cárcel Las Mercedes de Montería, está sindicado porque su caso fue apelado y aún no se dicta una nueva sentencian.
Quienes entran a prisión tienen la posibilidad de participar de procesos formativos que facilitaran su reicorporación a la sociedad.
El Dragoniante del INPEC y abogado apoderado en Montería - Cordoba, explica algunas razones por las que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ha recibido demandas.
De parte de una ONG, de un recluso y de un dragoniante del INPEC